La Columna del Grupo de Boston 15/12/2018

Por Germán Carrera Damas y Alexander Torres Iriarte

EL TRIBUNAL DE LA HISTORIA*

Germán Carrera Damas**

Debo advertir  que  las reflexiones   que expondré a  continuación se basan en la experiencia venezolana, vivida por mí desde 1945, e interpretada con mis recursos de historiador profesional cuya experiencia, ya prolongada y algo vasta, le ha llevado, sin embargo de lo que ahora escribo, a ser muy prudente en materia de generalizaciones.1

Con el solo propósito de apuntar, igualmente, que mis reflexiones no carecen de alguna fundamento político concreto, debo advertir también que fui miembro fundador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado  (COPRE), y que en ella desempeñé las funciones de Director de la Subcomisión de reforma institucional, la cual elaboró algunas propuestas de reforma inmediatas que fueron adoptadas por unanimidad y que se hallan aún vigentes, si bien están asediadas por el régimen autocrático militarista.2

Basado en esta experiencia, he llegado a estimar que la consolidación institucional de la democracia en Venezuela requiere la radicación, en la cultura política de la sociedad, de algunos criterios básicos, contrariando, para el efecto, arraigadas creencias.

I.-Legalidad vs legitimidad.

La formación, el ejercicio y la finalidad del poder público deben prevalecer sobre la denominada legalidad de origen, porque ellos determinan la legitimidad de ese poder.

Es comprensible que en sociedades en las que los gobiernos han sido de fuerza, generalmente surgidos de golpes militares tradicionales; o que han estado marcados de continuismo, la vía electoral para la formación del poder público fuese vista como una reivindicación, y reconocida como una fuente cierta de legalidad.

De hecho, la vía electoral es consubstancial con el ejercicio de la democracia. Puede disputarse sobre el modo de realización, pero no sobre el principio de que, en democracia. es la elección la vía para formar el poder político.

No obstante, como suele suceder con todos los principios destinados a regir la vida política de las sociedades, también el de la legalidad primaria, como suele denominarse al resultado electoral, con el ejercicio se vuelve cuestionable. Una vez habituada la sociedad al ejercicio electoral, como ha venido sucediendo en Venezuela desde hace medio siglo, la atención de la sociedad tiende a fijarse más en la legitimidad del poder que en su legalidad, pues también de elecciones pueden resultar malos gobiernos, en su ejercicio y finalidad, como está históricamente probado.

De allí que en las sociedades en las cuales el procedimiento electoral ha sido práctica normal, la atención de los ciudadanos tiende a desplazarse desde la legalidad de origen del gobierno hacia su legitimidad, en el sentido de valorar el proceso formativo del gobierno apreciándolo más allá de los procedimientos electorales;  valorando, sobre todo, el ejercicio del poder, tomando como criterio el respeto a las instituciones y a los derechos políticos y humanos, y la finalidad del poder, en el sentido de garantizar los derechos de la minoría y el respeto de la igualdad entre los ciudadanos.

En suma, ya no bastará con la legalidad de origen para acreditar la condición democrática de un gobierno; importará sobre todo su legitimidad, atendiéndose a los criterios antes señalados. Igualmente, atendiendo a la naturaleza de estos criterios corresponderá a la sociedad civil organizada ejercer la vigilancia de la legitimidad al igual que reivindicar su respeto de manera constante y no limitada al ejercicio del sufragio.

   II.- El deber de legitimidad es la más eficaz limitación del poder político.

El deber de legitimidad es la más eficaz limitación del poder político. No sólo porque remplaza la legalidad de origen, sino también y sobre todo porque es función de la voluntad política de la sociedad civil, manifestada en sus diversas formas organizativas, principalmente los partidos.

En forma sintética podría decirse que el cumplimiento del deber de legitimidad obliga a los gobernantes y al gobierno a gobernar, contrariando la casi natural tendencia a mandar. La obligación de legitimidad es salvaguardada por tres conceptos claves: la responsabilidad política, la responsabilidad jurídica y la responsabilidad internacional.

La responsabilidad política se entiende, en este caso, como una obligación que desborda lo pautado por la constitución.

Puede y debe entenderse como el compromiso de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Pero puede y debe entenderse sobre todo como el rechazo de una ilegítima potestad que se atribuyen los gobernantes con tendencias autocráticas, que se expresa como la posibilidad de agenciarse la violación o la alteración hasta desvirtuarlos, de las normas básicas en aplicación de las cuales fueron electos.

La exacerbación de esta tendencia llaga a su más alto grado cuando el electo entiende mandar en función de la realización de una agenda oculta, incurriendo en el delito de dolo.

El sólo intentarlo desvirtúa la democracia hasta el punto de que anula la legalidad de origen, al hacerla depender de un engaño premeditado y alevoso.

No se trata del incumplimiento de promesas, pues si todas las promesas políticas se cumplieran ello significaría que la realidad carece de fuerzas propias.

Se trata de que la política propuesta al elector para recabar su voto, constituye un contrato de obligado cumplimiento, o al menos de intento de tal, pero nunca podrá ser substituidos sus términos por otros de que no sólo no se ha informado al elector sino que se le ha mantenido celosamente oculto hasta la negación de su posibilidad.

Responsabilidad  internacional puede y debe entenderse como la obligación de atender a la acreditación del prestigio y la respetabilidad adquiridos por una sociedad constituida políticamente al cabo de sostenidos esfuerzos costosos en sacrificios y en vidas.

La fuerza vinculante de este ancestral mandato no sólo determina límites sino que impone actitudes, generando una modalidad de la legitimidad que desborda el ámbito de lo político, más o menos inmediato, y se asienta como un imperativo histórico. Nada tendrá consecuencias más perdurables y poco menos que insuperables, que el incumplimiento de este deber histórico, dado lo costoso arduo que resultará el restablecimiento del prestigio y la credibilidad afectadas si no perdidas del todo.

III.-  La legitimidad como imperativo ético que desborda la responsabilidad jurídica.

Es un lugar común la expresión “el tribunal de la historia”. Pero se suele entenderla como una instancia inexorable ante la cual comparecen el heroísmo y la cobardía; la grandeza y la pequeñez; el honor y la deshonra. De esa comparecencia se derivan el prestigio histórico y la ejemplaridad en lo concerniente al respeto y la práctica de valores socialmente reputados como edificantes. Pero de ella se espera algo más: y esto es el efecto disuasivo que habría de tener sobre conductas torcidas o desviadas.

No obstante, quizás sea la función primordial, aunque no siempre ostensible, del tribunal de la historia, el figurar como una simbólica instancia de la legitimidad llamada a compensar la buena fe de los pueblos por las infracciones cometidas en su contra. Del juego de este mecanismo compensatorio depende la demostración de ..”la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia”, según la sentencia final del denominado “Pacto de Punto Fijo”, suscrito por los principales dirigentes de los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática, en Caracas, el 31 de octubre de 1958,

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1.-Las circunstancias de presidir el Comité de Redacción de la Historia General de América Latina,  de ser miembro del Buró del Comité Científico Internacional encargado de elaborar la nueva versión de la Historia del Desarrollo Científico y Cultural de la Humanidad, de ser miembro del Comité de Redacción de la Historia General del Caribe, todas patrocinadas por UNESCO; y también miembro del Comité Editorial de la Historia de América Andina, patrocinada por la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Quito.

2.- La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado  (COPRE) fue creada por decreto de 17 de diciembre de 1984. Tuvo a su cargo el estudio y la elaboración de proposiciones que pudieran llevar a la modernización del Estado y la profundización de la democracia.

(*) Basado en el artículo homónimo publicado en noviembre de 2006.

(**)Doctor en Historia, Universidad Central de Venezuela, 1972. Profesor Titular III (Jubilado) de la misma Universidad. Embajador de la República de Venezuela ante los gobiernos de México, Suiza, Colombia y la República Checa (Jubilado a partir de enero de 1999). Fundador de las cátedras de Historia de la Historiografía de la Historia. Ha desempeñado la cátedra Simón Bolívar de las universidades de Cambridge y Colonia.

EN EL ALMA POPULAR

Alexander Torres Iriarte*

Pensemos en el modo cómo la derecha nos ha tratado la figura del Libertador. Un Bolívar que debe ser desentrañado sin el prejuicio del historiador apegado únicamente al documento escrito. Es en este sentido que el imaginario social es una rica cantera para dilucidar la carga mítica y revolucionaria del Libertador como factor de dignificación nacional, no como un lastre que debemos superar.

En las imágenes mentales del pueblo venezolano -sus valores, costumbres, hábitos, tradiciones, trasmisión oral, etc.- existe un Bolívar “interno”, un Bolívar mito fundacional de nuestro complejo país. Cuántos cantores y poetas, por no perdernos en las procelosas aguas del universo cultural, nos han recreado sinceramente al Padre de la Patria.

Asimismo, en la cosecha de los marginados es muy común la equiparación de Bolívar con el hijo del Dios cristiano: “Cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo”. El pueblo lleva a Bolívar desde la parranda a la oración, desde la solemnidad del paraninfo al altar con las tres potencias y el cacique Naiguatá. Bolívar se transforma en motivación profunda de acciones edificantes ¿Es negativo que Bolívar sea un mito fundacional?

Para los despreciadores de los saberes de los de abajo, es un signo de animismo, de minoría de edad en nuestro desarrollo como sociedad civil; argumento sostenido por quienes contribuyeron con un culto para el pueblo “inepto” o por quienes tienen una óptica negadora de los sentires colectivos.

Este Bolívar paralizador de las reivindicaciones de los excluidos, no se tornó negativo para la derecha en la medida que fue instrumentado por los operarios del fracasado Estado Liberal. En el puntofijismo valía la pena ser bolivariano, no era químicamente peligroso: Bolívar se exhibía como un personaje legendario, un héroe aristocrático para la perpetua contemplación, para el incienso y la mirra de los panteones.

En ese instante, cuando el pueblo era en convidado de piedra, ser bolivariano no era una enfermedad cultural, hasta el punto que se instauró una asignatura obligatoria (Cátedra Bolivariana) en la formación escolar de los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, no pudieron (y no podrán) arrebatar del imaginario popular un Bolívar cabalgado con los humildes, resolviendo problemas humanos y divinos, un Libertador amigo de hombres y mujeres plenos de fe. De tal manera que independientemente de la prédica de la derecha, se palpa un culto del pueblo que cada día se hace más movilizador, más efectivo.

Un culto que sin rubor acompaña ancestralmente al venezolano y que encontró en Hugo Chávez una sincronía casi religiosa: un líder que retorna el símbolo cargado de optimismo y de esperanza. Es así como la presencia mítica de Bolívar no es mala per se, es incentivo popular por un mejor presente, ya no es una estatua. El reto está en no cosificar el símbolo, en socializarlo afirmativamente.

(*) Egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, en Ciencias Sociales mención Historia (Cum Laude);  MSc. en Historia de Venezuela de la Universidad Central de Venezuela; miembro del Consejo de Redacción de las Revistas de Historia y Ciencias Sociales: “Tierra Firme” y “Tiempo y Espacio”. Colaborador del Boletín de la Academia Nacional de la Historia

Publicada en el diario El Universal 

http://www.eluniversal.com/politica/28365/grupo-de-boston

La Columna del Grupo de Boston 1/12/2018

 Por Aime Nogal M. y Agustín Lao-Montes

¿Es posible solucionar la crisis política sin garantías para la gobernabilidad?

Aime Nogal M*

Refieren los expertos en negociación y acuerdos, que entre los mecanismos para generar confianza, se encuentra la capacidad de cada uno de los actores de cumplir con pequeños gestos para transitar a la discusión de una agenda común, esto como pieza indispensable en el diseño de una solución a un conflicto bélico o político.

Con frecuencia la oposición denuncia, no sin razón, que el gobierno incumple de forma consuetudinaria la más mínima concertación, motivo por el cual, una parte de los opositores afirman que esto imposibilita cualquier acercamiento. Sin embargo, es un hecho notorio que también la dirigencia opositora tiene dificultades para lograr acuerdos internos y posteriormente, respetarlos.

Los ciudadanos, de todos los sectores y los gobiernos interesados en la resolución del conflicto venezolano estamos a la espera de una propuesta creativa del liderazgo político, que cimente su credibilidad en la capacidad de tengan las partes de para cumplir los acuerdos y construir una solución a la crisis política venezolana, que garantice la gobernabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Despersonalizar el conflicto, generar espacios de confianza en el proceso de reconocimiento del otro e integrar a la mayor cantidad de actores de la vida nacional, son tareas urgentes. En este sentido, un caso de éxito, que sirve de ejemplo en la vida política del país es el Grupo de Boston, integrado de forma paritaria por dirigentes opositores y del sector oficial, que ha logrado hasta ahora, un espacio en el que se sortean las diferencias y se concentra el esfuerzo en encontrar intereses comunes.

 

Además, es imposible dejar de lado la importancia del Grupo de Boston como  un eslabón institucional, entre los parlamentos venezolano y norteamericano, que bien puede servir como canal de comunicación entre ambas instituciones, con el objetivo de mejorar las relaciones con el país, que ha sido durante décadas nuestro primer socio comercial.

Quienes creemos que la superación de la crisis que atraviesa Venezuela, supone un esfuerzo por destrabar el conflicto político, consideramos como objetivos indispensables garantizar la gobernabilidad y el reencuentro, dos factores decisivos para obtener estabilidad política y consecuencialmente, el acceso a los mercados financieros internacionales, a los que nuestro país deberá acudir indefectiblemente, para superar la miseria e insertarse en la modernidad.

 

(*)Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Procesal. Egresada del Programa de Líderes Internacionales del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos.

Un puente entre el Norte y el Sur: La cátedra de estudios afrohispánicos

Agustín Lao-Montes*

La Suno University de New Orleans, bajo la coordinación de Clay Robertson, tomó la iniciativa de implementar una cátedra de Estudios Afrohispánicos con la finalidad de establecer un puente entre los procesos históricos de las comunidades afroestadounidenses de esa ciudad y la diáspora africana en los países de América Latina y el Caribe.

 

Esta iniciativa es un ejemplo de la necesidad de que pueblos con origen común comiencen a hacer una reflexión de sus procesos históricos y sus diferentes aportes económicos, espirituales, éticos, epistémicos, culturales, políticos a la ciudadanía contemporánea y sus luchas para la democracia, la equidad, la justicia y la inclusión en las políticas públicas.

Esta iniciativa, ejemplo para otras universidades, llegó a ser realidad gracias al esfuerzo de Venezuela, un país que pareciera cada vez más alejado de EEUU. A pesar de las coyunturas políticas entre los gobiernos, hay una agenda establecida en el Decenio Afrodescendiente declarado por la ONU (2014-2024).

La Declaración y Plan de Acción de Durban del 2001, que sirve de antesala a dicho Decenio, estipula el compromiso con la Justicia Reparativa Étnico-Racial, es decir, con la elaboración de Reparaciones a las consecuencias traumáticas causadas por la trata negrera, el sistema esclavista y la Discriminación Racial que aún permanece en América Latina, el Caribe y los EEUU.

Estuve en Venezuela en dos eventos donde se promulgó un acuerdo para la implementación del Decenio Afrodescendiente y el impulso a las políticas de Reparaciones, un ejemplo regional para la inclusión de esos temas en su agenda de Estado; pero además, he acompañado la aproximación de Venezuela a miembros del Caucus Negro y ahora a las universidades, para llevar estos temas al debate público en EEUU.

Al analizar la situación en Venezuela y su relación con los EEUU, hay que tomar en cuenta la importancia de estos puntos de encuentro y valorizarlos por encima de las diferencias.

En América Latina y el Caribe viven más de 150 millones de afrodescendientes bajo los peores indicadores de desigualdad de acuerdo a instituciones como el Banco Mundial.

En la cátedra se abordan estos temas. Lejos de mantener una constante confrontación, con amenazas militares o sanciones, desde EEUU deberíamos propiciar acercamiento y diálogo, incluso entre los propios actores políticos venezolanos, para seguir trabajando en conjunto en la necesidad extraordinaria de reconocernos recíprocamente como una comunidad de largo aliento en nuestras gestas comunes por la democracia, la equidad y la justicia.

(*) Profesor de Sociología en la Universidad de Massachusetts en Amherst, donde dirige la especializacion de posgrado en Estudios de la Diaspora Africana. Es miembro de la Articulación Regional Afrodescendiente en las Americas-ARAAC.

Publicada en el Diario El Universal

http://www.eluniversal.com/politica/27145/columna-del-grupo-de-boston